TOPIC:

En cuanto a los alegatos públicos expresados jocosamente por William Barr sobre uno de los sistemas de rastreo empleados por los investigadores de "2000 Mules", cabe señalar lo siguiente:

La Corte Suprema de Kentucky falló recientemente sobre un caso de rastreo geográfico de teléfonos celulares. La policía usó información de rastreo geográfico de teléfonos celulares en tiempo real para localizar a un presunto ladrón. Luego, la policía realizó un arresto en función de la información que pudieron recopilar del teléfono celular del sospechoso.

La policía y los anunciantes utilizan el seguimiento geográfico todo el tiempo. El FBI usó el rastreo geográfico antes y después del 6 de enero para identificar a los partidarios de Trump que estaban en el Capitolio de los EE.UU. o cerca de él el 6 de enero.

Pero la semana pasada, Bill Barr se burló de la idea y se rió a carcajadas sobre esta tecnología utilizada en "2000 Mules" para identificar a los traficantes de boletas demócratas estatales en la contienda electoral. O Barr está mal informado sobre el uso de esta tecnología o estaba engañando deliberadamente al Comité del 6 de enero creado por el Partido Demócrata.

Creo que no hace falta abundar más sobre este tema de irregularidades tan evidentes que deben investigarse y subsanarse para que no vuelvan a ocurrir en futuras elecciones.

Thank you, Mr Wolf, for such a detailed and interesting contribution that enriches this debate. This is a bilingual FORUM and you are welcome in English.

En realidad, hay mucha más tela por donde cortar de irregularidades y abusos perpetrados contra el sistema electoral de Estados Unidos que exigen una profunda investigación y medidas estrictas para evitar que esos hechos se repitan en el futuro.

1) La inversión de Mark Zuckerberg de $ 419 millones a través de su Centro para la Tecnología y la Vida Cívica (CTCL) para financiar "una toma de control privada y dirigida de las operaciones electorales del gobierno por parte de organizaciones sin fines de lucro nominalmente no partidistas, pero demostrablemente ideológicas", según reportó la prensa en octubre (pero quedó sepultado en el rastro del olvido).

2) El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, anunció una modificación a la declaración de culpabilidad de un exalcalde de San Luis, Arizona. Del anuncio de Brnovich: “Guillermina Fuentes de San Luis se declaró culpable el jueves de un cargo de abuso de boletas, un delito grave de clase 6, por su papel en un esquema de 'recolección de boletas' de las elecciones primarias de agosto de 2020 donde se recolectaron boletas tempranas de otros votantes para depositarlas el día de las elecciones primarias”. Esta es sólo una de varias investigaciones en curso relacionadas con el fraude electoral que lleva a cabo la oficina del alguacil del condado de Yuma: “La Oficina del alguacil del condado de Yuma (YCSO) y la Oficina del registro del condado de Yuma (YCRO) están trabajando juntas para examinar activamente los casos de fraude electoral de las elecciones generales de 2020 y ahora un patrón reciente de formularios de registro de votantes fraudulentos antes de las elecciones primarias de 2022”.

3) Verity Vote publicó un informe que detalla la información encontrada en documentos previamente retenidos por los funcionarios electorales del condado de Maricopa. Según Verity Vote, los documentos “mostraron [ed] 18,000 boletas de votación tardías adicionales que no se informaron anteriormente. Las boletas recibidas tardíamente fueron “en cantidad suficiente para cambiar el resultado de las Elecciones Generales de 2020 en Arizona”. Verity Vote es un grupo de investigadores independientes experimentados que trabajan como voluntarios para analizar problemas de integridad electoral.

4) Se eliminaron 206,000 nombres de la base de datos de Wisconsin en agosto de 2021. Se trata de personas que habían muerto o se habían mudado a otro distrito o Estado o no eran ciudadanos de Estados Unidos. La gran pregunta es por qué esta acción no se realizó antes de las elecciones de 2020, ya que el margen de victoria del Presidente Joe Biden en Wisconsin fue de poco más de 20,000 votos.

5) Problemas semejantes se observaron con las listas de registro de votantes en Nueva Jersey. Aquí están los aspectos más destacados:

•     8.239 habitantes de Nueva Jersey se registraron dos veces o más con variaciones de sus nombres.
•     2.398 solicitantes de registro tenían 105 años o más.
•     33.572 solicitantes de registro tenían fechas de nacimiento ficticias (lo que invalidaba el falso registro).
•     6.863 solicitantes de registro no tenían fechas de registro (haciéndolos inválidos).

Etc., etc., etc.

¿Puede todo esto desestimarse racionalmente?

Let us take a look at this in more detail. Allow me to respond in English.

The central premise of the documentary is that an illegal ballot harvesting scheme took place in the key swing states of Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan and Wisconsin during the 2020 general election.

A “mule” is a term used in the movie for those who were allegedly paid to repeatedly pick up batches of ballots and place them in drop boxes.

On May 31, True the Vote’s Catherine Engelbrecht and Phillips testified before a group of Arizona Republican state senators that they used cellphone geotracking data to identify people who made 10 or more drop box stops along with five or more visits to non-governmental organizations working on voter turnout during the 2020 general election.

Engelbrecht told lawmakers True the Vote’s “mule” threshold was very high.

“We wanted to focus on a very clear, narrow data set that showed what we would consider this extreme outlier behavior, and ultimately we settled on 10 times. The devices that we focused on went to drop boxes 10 or more times,” she said.

“And here in Arizona they went an average of 21 times,” Engelbrecht added.

The Associated Press fact-checked “2000 Mules,” claiming True the Vote’s analysis was “flawed” based on false assumptions of how precise cellphone tracking data is, based on the fact people might frequently happen to go by drop boxes for other reasons, and based on the premise that others had business being there, such as election workers.

D’Souza made clear in a Monday Twitter post that for a mule to be counted in their analysis, he or she had to go to 10 different drop boxes during the election cycle, seemingly making it very unlikely their conduct was just coincidence.

“Is there anyone competent in cell phone geotracking who will defend what Bill Barr said? He insists that random people in a busy city going past ballot dropboxes cannot be distinguished from mules who each go on routes and stop specifically at 10 or more drop boxes. Is this true?” the conservative commentator wrote.

Indeed, I believe that further investigation is required.

Si el autor del comentario Anónimo desea alguna aclaración, por favor, que indique los segmentos del texto que causaron su confusión y con todo gusto trataré de aclararlos.

Me cuesta trabajo entender lo que escribiste. ¿Pluma o lector confuso? Ricardo

La respuesta evidente y razonable es: ¡NO! Cuando se presentan pruebas sólo pueden desestimarse si una profunda investigación demuestra que son falsas o inexactas.

La investigación que ha servido de base al documental "2000 Mulas" empleó fondos donados en la compra de 10 billones de pings de teléfonos celulares (señales de identidad únicas) para reconstruir los movimientos de presuntos traficantes de boletas en Georgia, Pensilvania, Arizona, Wisconsin, Michigan y Texas.

Los investigadores también obtuvieron y revisaron miles de horas de videos de vigilancia del gobierno de los buzones donde se podía ver a los presuntos traficantes, a los que llamaban “mulas”, depositando múltiples boletas en múltiples ocasiones. Solo en Georgia se revisaron cuatro millones de minutos de video de esos buzones.

El minucioso y costoso estudio de 15 meses fue financiado por donaciones. Sin embargo, durante su declaración ante el Comité del 6 de enero, William Barr estalló en carcajadas cuando mencionó "2000 Mulas" y afirmó que la investigación del rastreo de teléfonos celulares y la evidencia fotográfica de la película eran "poco impresionantes" y que sus conclusiones eran "indefendibles". Añadió que el documental “no estableció una cosecha ilegal y generalizada de los votos”.

Una de las investigadoras del material empleado en el documental, Catherine Engelbrecht, respondió que: “Bill Barr se burló con sus compañeros y compinches, pero Estados Unidos no se ríe”. Señaló que bajo la dirección de Barr el Departamento de Justicia hizo muy poco para investigar las evidencias del fraude electoral que vienen acumulándose desde 2020.

“En cambio, se burló del Presidente Trump e hizo caso omiso de las súplicas de ayuda a nivel nacional. Ahora, está apoyando al Comité del 6 de enero y su uso de datos de teléfonos celulares, ¡tan confiables que en realidad se apresuran a encarcelar a los estadounidenses sin juicio con base en esa evidencia! Sin embargo, cuando se utilizan datos semejantes para exponer patrones de abuso de buzones y fraude electoral, él está totalmente desinteresado”, se quejó Engelbrecht.

D’Souza, principal promotor de "2000 Mules", desafió en Twitter a Barr a un debate público sobre el fraude electoral y escribió: “¿Qué dices, Barr? ¿Te atreves a respaldar tus carcajadas con argumentos que puedan resistir la refutación y el contrainterrogatorio?" Barr no se ha dignado a recoger el guante.

Engelbrecht declaró a los medios de prensa: “No se nos ha pedido que presentemos nuestros hallazgos al Comité, ni podemos hacerlo. Nunca se arriesgarán a darnos esa plataforma. Su interés no es llegar a la verdad. Nunca lo ha sido."

Es importante señalar la farsa "bipartidista" de este Comité. El líder de la minoría del Congreso, Kevin McCarthy, seleccionó los cinco representantes Republicanos que participarían en las actividades del Comité investigador. Escogió a Jim Banks de Indiana, Jim Jordan de Ohio, Rodney Davis de Illinois, Kelly Armstrong de North Dakota y  Troy Nehls de Texas. Por el contrario, sólo dos congresistas Republicanos seleccionados por la líder Demócrata Nancy Pelosi forman parte entre los ocho miembros nombrados: Liz Cheney de Wyoming y Adam Kinzinger de Illinois. Los otros seis miembros del Comité son congresistas Demócratas. Ninguno de los Republicanos que ahora forman parte del Comité ha sido nombrado por el líder de la minoría como correspondería en un esfuerzo bipartidista.