La gran duda que existe en este momento es si la debilidad de la economía estadounidense en el primer trimestre del año, con una caída del PIB del 1,4% puede acabar provocando una recesión o simplemente una moderación del crecimiento económico. Esta previsión se ve complicada por la aparición de la inflación, que en marzo alcanzó un 8,5% superando todas las previsiones. De forma inmediata, la Fed ha reaccionado poniendo en marcha una política monetaria restrictiva para hacer frente a la inflación, cumpliendo las expectativas de los mercados.

De momento, el Comité de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) ha anunciado un aumento de tipos de interés de 50 puntos básicos, el doble de lo habitual, un incremento que no tenía lugar desde los tiempos de Alan Greenspan, en el año 2000, y que deja los tipos de interés en el intervalo del 0,75%-1%.

Además, la Fed ha avisado que en los próximos meses podrían llegar más subidas iguales a las que ha anunciado, confirmando que se hará todo lo posible para no añadir más incertidumbre a una situación que ya lo es. Tras conocerse la decisión de la Fed, el mercado espera que los tipos de interés acaben el año en el entorno del 3%, de modo que el organismo tendrá que repetir al menos tres alzas de tipos similares, antes de 2023, para dejar de actuar bajo la presión del mercado.

Las presiones inflacionistas que han provocado la decisión de la Fed han tenido su origen en la salida de la pandemia del COVID-19, primero, y la invasión rusa de Ucrania después, disparando el precio de la energía y de materias primas, así como la crisis de suministros, a lo que algunos analistas añaden el impacto inverso de las sanciones de Occidente a Rusia por la guerra. Se trata de factores que se encuentran presentes en mayor o menor medida, en todos los países, obligando a los bancos centrales a alinear sus políticas monetarias más restrictivas.

El informe de perspectivas de la OCDE, correspondiente al mes de junio, ha expuesto con claridad las condiciones del entorno de la economía mundial. Este artículo pasa revista a las mismas y ofrece algunas opciones de política económica sugeridas por este organismo internacional.

A modo de resumen, la OCDE considera que se está pagando un alto precio por la guerra de Rusia contra Ucrania y ello va a condicionar el futuro económico de muchos países. Además, este precio puede ir en aumento como consecuencia de la catástrofe humanitaria de la guerra, con el exterminio de miles de personas, y los desplazamientos masivos de aquellos que huyen del conflicto.

Hasta la fecha, las consecuencias de la guerra han producido una crisis de inflación, que afecta a todo el mundo, hacia una tendencia de menor crecimiento de la economía mundial, que se ve reforzada por la política china de "COVID cero". Este escenario no se observaba desde la década de 1970. El aumento de la inflación, impulsado en gran medida por las fuertes subidas de los precios de la energía y los alimentos, está provocando privaciones a las personas de más bajos ingresos, a la vez que genera graves riesgos para la seguridad alimentaria en las economías más pobres del mundo.

La OCDE señala que, antes de la guerra, la economía mundial se había embarcado en una recuperación intensa, aunque dispar, como reacción a la parálisis provocada por el COVID-19. Después llegaron las perturbaciones en las cadenas de suministro globales, con el cierre de empresas y fábricas en China, como consecuencia de la política “COVID cero”, y finalmente la guerra en Ucrania, asestando un duro golpe a la recuperación.

Hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones de los efectos de la inflación. Los economistas tienden a pensar que los aumentos de precios ejercen influencias negativas sobre el poder adquisitivo de salarios y pensiones, deterioran el valor real de los activos en manos de los actores económicos, distorsionan los precios relativos y la competitividad de la economía, ejercen una influencia negativa sobre el crecimiento económico provocando desempleo, y un sinfín de efectos más. Y, por delimitar el caso cubano, la inflación interanual de 2021, un 77,3% la más elevada de América Latina después de Venezuela, sienta un precedente negativo sobre el gobierno y las empresas.

Cierto que se suele afirmar que los gobiernos aprovechan las subidas de los precios para recaudar más tributos, por el simple crecimiento de las bases imponibles por el efecto de la inflación, sobre todo de los impuestos que recaen sobre el gasto. Pero acaba siendo una recaudación comprometida, porque después, el aumento de precios actúa sobre los programas del gobierno, haciendo más costosa su implementación.

Al final, no es fácil para los gobiernos convivir con la inflación, ni los democráticos ni los autoritarios. Con el tiempo surgen los problemas. Y si se acentúan, se producen cambios de gobierno en los democráticos y revueltas y estallidos sociales en los autoritarios. El final siempre es imprevisible cuando se habla de inflación.

En cuanto a las empresas, el aumento de los precios ejerce una presión sobre los márgenes de beneficio, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, pero en el caso de la economía cubana, parece que los grandes consorcios estatales se han visto más afectados por la inflación, de ahí que todavía haya 500 empresas en situación de grave insolvencia. Estas empresas estatales se encuentran ante la tesitura de que deben aumentar sus precios para compensar todo, o en parte, el aumento de los costes. Pero el estado que las interviene y controla, no permite subir precios y obliga a compensar el crecimiento de los costes con reducción de márgenes; ahí empiezan los problemas.