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06/10/2022
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Mundo Sindical / A Worker's World

Día del Periodista: Revalorar el periodismo, defender la verdad

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, este 1 de octubre; Día del Periodista, invoca a una profunda reflexión sobre el rol que tenemos frente al derecho a saber de la colectividad y advierte sobre las condiciones en que se ejerce la noble actividad de informar.

Esta fecha jubilar, que recuerda la aparición del primer cotidiano de América Latina, El Diario de Lima, hace 232 años, debe comprometernos con los principios básicos del periodismo. Verdad, libertad y responsabilidad son esenciales para la convivencia social.

Para los periodistas en el Perú los tiempos suelen ser adversos. En democracia y en autocracia. La amenaza, la persecución, la hostilidad han sido, son y, lamentablemente, seguirán siendo instrumentos de arremetida de los poderes fácticos. El periodista, tiene en la pluma, la voz y la decencia, sus mejores herramientas para hacer prevalecer la condición de servicio social de su actividad.

Este 1 de octubre la ANP rememora a Jaime Ayala, Hugo Bustíos, Pedro Yauri, Melisa Alfaro, Juan Morales Ortega, Adolfo Isuiza, los periodistas mártires de Uchuraccay, entre otros tantos asesinados y desaparecidos en el periodo de violencia entre el 80 y el 2000, periodistas que nos legaron ejemplar lección de lo que significa la búsqueda de la verdad. La ANP le recuerda al Estado y la sociedad la deuda de justicia pendiente con las familias. También evoca a esos 199 periodistas fallecidos en pandemia a quienes los mató esa amalgama perversa de COVID, precarización y apatía de los mandantes.

Con la misma convicción con que la ANP demanda una firme conducta moral a quienes informan cotidianamente, también requiere todo cese de acciones, discursiva e iniciativas que coartan la actividad periodística a nivel nacional. Más allá de las agresiones físicas, el hostigamiento, la persecución judicial, el amedrentamiento, la ANP llama la atención especialmente respecto a cuatro amenazas legislativas en ciernes. La primera, el proyecto de ley No. 2508/2021-PE -enviado por el Ejecutivo al Congreso- que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación pena.

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Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) v. Switzerland (no. 21881/20)

European Court of Human RightsThis case before the European Court of Human Rights concerns an association, Communaute genevoise d’action syndicale (CGAS), which complains of being deprived of the right to organise and participate in public events following the adoption of government measures to tackle COVID-19 under Ordinance O.2 COVID-19, enacted by the Federal Council on 13 March 2020. On the basis of that ordinance, public and private events were prohibited with effect from 16 March 2020. Failure to comply with the prohibition was punishable by a custodial sentence or a fine.

As of 30 May 2020, the ban on gatherings was relaxed (maximum of 30 participants). Events involving more than 1,000 participants continued to be prohibited until the end of August 2020. On 20 June 2020 the ban on public events was lifted, although participants were required to wear masks.

The application was lodged with the European Court of Human Rights on 26 May 2020.

The application association relies on Article 11 (freedom of assembly and association) of the European Convention on Human Rights.

In its judgment of 15 March 2022, the Court held, by four votes to three, that there had been a violation of Article 11 of the European Convention.

On 5 September 2022 the case was referred to the Grand Chamber at the Swiss Government’s request and the referral was accepted.

Y ENTONCES ¿QUE LE DIRAN A LA OIT EN SEPTIEMBRE?

Venezuela y la comunidad internacional reconocen que el pasado 28 de abril de 2022, se desarrollaron deliberaciones y compromisos para restablecer las relaciones de trabajo en el país, en el contexto del Foro de Diálogo Social, a partir del diálogo tripartito entre el gobierno nacional, organizaciones sindicales y empleadores privados. Así también que la interlocución social contó con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) representada por una importante representación integrada por nueve funcionarios de alto nivel designada por el organismo internacional, aplicando con este método los resultados de la Comisión de Encuesta visitante del país en 2019.

Por su parte Fedecámaras explicó en esa ocasión que entre el 25 y el 28 de abril los interlocutores debatieron sobre los convenios de la OIT referentes al N° 26 sobre fijación del salario mínimo; el N° 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de asociación, y el N° 144 sobre consulta tripartita. En este nuevo encuentro presencial de cuatro días, las conclusiones se fueron desarrollando por las partes conforme al camino fijado.

Así también como manifestara el gremio empresarial a los medios de comunicación «Todo con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan su cabal cumplimiento, así como respecto a las metodologías para tal fin, desarrolladas en el evento, reconociendo el compromiso asumido por el gobierno en facilitar y dar continuidad a este espacio de diálogo, para escuchar los planteamientos de los interlocutores sociales. Lo cual facilitará la consecución de soluciones a las más urgentes demandas de la población venezolana”.

Hasta aquí todo fue amor y temblor ya que los participantes en tan publicitado evento, tanto del lado de los empresarios, como de los trabajadores señalaron su optimismo, en el caso de los empresarios un vocero manifestó «El gobierno dejó de ver a los empresarios como enemigos», recalcando que el foro constituyó “el inicio del proceso de cambio que esperan impacte favorablemente en las fuerzas productivas del país”, y del lado de los trabajadores manifestaron las expectativas de restablecer la libertad sindical y los derechos laborales .

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ANP reafirma rechazo a proyecto de ley del Ejecutivo que afecta derecho a información y lucha contra la corrupción

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP, conocido el texto del Proyecto de Ley 02508/2021-PE “que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal”, reafirma su posición de condena a esta iniciativa del Ejecutivo que, de ser ley, afectaría gravemente el derecho a la información y la lucha contra la corrupción en el país.

La propuesta, cuyo texto íntegro se conoce 12 días después de su aprobación en Consejo de Ministros, contempla un enunciado específico que hace referencia a la difusión de información a través de los medios de comunicación, dictaminando penas más severas, en dichos supuestos. Desde la ANP, advertimos que este postulado vulneraría el secreto profesional de quienes tienen la responsabilidad de informar. Llevar ante los operadores de justicia a periodistas que revelen información de investigaciones penales contraviene la reserva de fuentes y el fallo del Tribunal Constitucional que garantiza, en todos sus extremos, el secreto profesional.

Esto, además, contradice las declaraciones de ministros de distintas carteras que, de manera reiterada, manifestaron que la iniciativa no contravenía la libertad de expresión ni tendría impacto en el trabajo de periodistas.

El documento ingresado al Congreso de la República propone incorporar el artículo 409 C en el Código Penal para sancionar al agraviado, imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal que proporcione o difunda información de carácter reservada. Igualmente, genera el agravante si esto es cometido por un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional del Perú.

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ANP rechaza proyecto de ley del Ejecutivo por criminalizar fuentes y afectar derecho a información

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechaza el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, aprobado por el Consejo de Ministros, en la víspera, según anunció el primer ministro Aníbal Torres. Esta iniciativa afecta de manera directa la actividad periodística en el país.

Criminalizar a las fuentes genera mordaza y afecta el derecho a saber.

Desde el anuncio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, el reciente 12 de junio, sobre la decisión del Ejecutivo de impulsar una ley para sancionar a fiscales y jueces que filtren investigaciones penales, la ANP alertó de las consecuencias de la aprobación de un proyecto de esta naturaleza.

La ANP expresa preocupación por la ruta que seguirá esta iniciativa, al existir plena sintonía en esta materia entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que ya febrero de este año, aprobó por unanimidad dictamen de la Comisión de Justicia que penalizaba la difusión de los testimonios de quienes se acojan a la colaboración eficaz.

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